La cifra es inmensa. Según los datos que el Colegio de Registradores de España entregó al Gobierno de Pedro Sánchez (PSOE) hace ahora un año, el listado de los bienes que la Iglesia Católica ha puesto a su nombre en las últimas dos décadas asciende a 30.000 propiedades, según informa hoy en exclusiva el diario El País.

Estas 30.000 inmatriculaciones corresponden a una amplia variedad de construcciones o de terrenos: desde lugares de culto, que sería lo esperable, a casas parroquiales o de maestros, plazas, fuentes, frontones y parcelas de todo tipo.

El dato, avisa el Ejecutivo, podría ser mayor, toda vez que la relación de bienes inmatriculados a favor de la Iglesia sigue “en elaboración” y aún no se ha enviado al Congreso porque se están corrigiendo “posibles errores” y ultimando un informe jurídico sobre las “posibles actuaciones” que se puedan llevar a cabo, indica la información.

El listado de bienes apropiados por la Iglesia se elaboró en cumplimiento de una proposición no de ley de la Cámara Baja y permanece desde entonces bajo llave. Hasta ahora ningún Gobierno ha querido hacer público este listado, no importa si ha sido un presidente socialista o uno popular el que se ha enfrentado a esta situación.

Tener la lista es importante porque, como indica El País, permitiría iniciar el proceso de impugnación que el propio Gobierno anunció el verano pasado que emprendería en caso de que se compruebe que la Iglesia inscribió “bienes de dominio público”.

Todos los posibles afectados por estas inmatriculaciones, como los ayuntamientos de los municipios donde se encuentran los suelos o edificios, o los particulares que crean que tienen alguna posibilidad de ser los dueños también podrán recurrir. La batalla legal, cuando esto ocurra, se espera importante.

Por qué puede hacerlo legalmente

Una norma franquista, la Ley Hipotecaria de 1946, es la que permitió a la Iglesia inscribir cualquier bien, excepto los templos destinados al culto, sin documentación, simplemente con la firma de un obispo, que actuaba casi como un notario.

Pese a esa excepción, en los años 80 del pasado siglo se inscribieron numerosas iglesias y ermitas, según han podido averiguar ayuntamientos y asociaciones que defienden el patrimonio. En 1998, el Gobierno de José María Aznar permitió que también se inscribieran los templos, es decir, legalizó la práctica. El privilegio de la Iglesia estuvo en vigor hasta hace cuatro años.

El Gobierno socialista, actualmente en funciones, había indicado hace meses que reclamaría esos bienes de dominio público que la Iglesia puso a su nombre año tras año. El PSOE presentó una proposición no de ley cuando estaba en la oposición, que fue aprobada en abril de 2017 con los votos en contra del PP y Ciudadanos.

El PSOE recalcaba la “inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad de los bienes de dominio público”. “De este modo queda prohibida la apropiación de los bienes de dominio público por parte de las personas jurídicas privadas, entre las que se encuentra la Iglesia católica”, concluye el texto.