El Gobierno y la Conferencia Episcopal Española (CEE) han llegado a un acuerdo para la posible devolución de un millar de los 34.961 bienes inmatriculados de la Iglesia Católica en el país. Según ha adelantado la Cadena SER, se trata de un pacto en el que se incluyen cementerios, viviendas, fincas rústicas y un colegio que forman parte del primer listado que afecta a cerca del 3% de las propiedades registradas entre 1998 y 2005.

Entre ellos hay 175 lugares de culto, pero ninguno de ellos es una catedral. Por lo tanto, ni la mezquita de Córdoba ni la Catedral de Sevilla están en dicho listado. Según ha dado a conocer Moncloa en un comunicado conjunto, la CEE “ha hecho un estudio exhaustivo del mismo a través de consultas oportunas realizadas a las diócesis”. En este sentido, se han catalogado los bienes, se han dividido por diócesis y se han verificado los procesos de inmatriculación de cada uno de los bienes.

El siguiente paso previsto se corresponde con el de que el Gobierno ponga en conocimiento de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y de los registros pertinentes para que se puedan iniciar las reclamaciones para la regularización. Según el comunicado del Ministerio de Presidencia y la CEE, “la Iglesia ha manifestado su compromiso de colaboración con el fin de facilitar esos procesos”.

El PSOE valora un primer paso “positivo”

El acuerdo se ha producido después de la reunión que ha mantenido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el cardenal y presidente de la Conferencia Episcopal, Juan José Omella, encuentro en el que también ha participado el ministro para la Presidencia, Félix Bolaños.

“Creemos que es positivo, que es bueno que haya un acuerdo”, ha señalado el portavoz de la Ejecutiva federal del PSOE, Felipe Sicilia, quien ha explicado que están “satisfechos” de que “se pueda seguir trabajando”. “El trabajo continúa”, ha recordado de este primer pacto.

“El Gobierno se sienta, habla, dialoga y llega a acuerdos con la Conferencia Episcopal”, ha añadido en declaraciones a los periodistas, extendiendo este política de diálogo a los pactos suscritos también con otras fuerzas políticas o los agentes sociales, por ejemplo, en el caso de la reforma laboral.

El antecedente legal del Gobierno de Aznar

Una norma franquista, la Ley Hipotecaria de 1946, es la que permitió a la Iglesia inscribir cualquier bien, excepto los templos destinados al culto, sin documentación, simplemente con la firma de un obispo, que actuaba casi como un notario.

Pese a esa excepción, en los años 80 del pasado siglo se inscribieron numerosas iglesias y ermitas, según han podido averiguar ayuntamientos y asociaciones que defienden el patrimonio. En 1998, el Gobierno de José María Aznar permitió que también se inscribieran los templos, es decir, legalizó la práctica. El privilegio de la Iglesia estuvo en vigor hasta hace cuatro años.