Ballarat es una pequeña ciudad del Estado australiano de Victoria convertida en un polo religioso del país en los años 70. En ese periodo, sus vecinos vieron prosperar en la Iglesia al talentoso sacerdote George Pell, hoy máximo responsable de las finanzas del Vaticano. El fenómeno coincidió también con una oleada de abusos masivos en colegios y centros religiosos que las asociaciones de víctimas cifran hoy en hasta 4.000 casos. Pasó hace mucho y en el otro lado del mundo. La mayoría de vecinos, la Iglesia y la policía callaron. Pero el escándalo ha explotado esta semana en el Vaticano y ha salpicado a su cúpula por primera vez en la historia. El caso reabre el debate sobre el avance real de este Pontificado en la lucha contra la pederastia y las resistencias que encuentra en el camino de la prometida tolerancia cero.

El cardenal George Pell, consejero directo del papa Francisco, declarará como imputado por presuntos abusos a menores el 18 de julio en Australia, donde oficialmente miles de casos denunciados entre 1980 y 2002 implican al 7% de los sacerdotes del país. Concretametne, señalan fuentes de las asociaciones de víctimas, hay 10 acusaciones distintas, varias de la época en Ballarat

La Santa Sede confía en su cardenal, pero le obliga a testificar pese a alegar desde hace tiempo problemas de salud para no viajar. Su paso por el banquillo, más teniendo en cuenta las múltiples capas con las que conviene analizar los asuntos del Vaticano, constituye una diferencia sustancial con el pasado. El excardenal Bernard Law, por ejemplo, envuelto en el atroz escándalo de pederastia en Boston, evitó los tribunales y fue nombrado en mayo de 2004 arcipreste de la Iglesia de Santa Maria Maggiore en Roma. El caso Pell, sin embargo, obliga a interrogarse sobre por qué fue nombrado y permaneció hasta el jueves en su puesto -seguirá en excedencia- cuando sus vínculos con aquel periodo eran comprometedores y las acusaciones no cesaban.

El cardenal australiano, que el jueves dio la cara y negó las denuncias, vivió varios años en la misma casa que Gerald Ridsdale, el abusador en serie de la escuela Saint Alipius en Ballarat. Un centro, calificado por la prensa local como “paraíso de pederastas”, en el que cinco de sus seis profesores fueron relacionados y condenados con casos de abusos. Ambos fueron colegas mucho tiempo. De hecho, Pell le acompañó a testificar en 1993 a uno de los juicios por los que fue condenado a 18 años de cárcel por la violación de hasta 54 menores, recuerda por teléfono Andrew Collins, presidente de la asociación de víctimas de Ballarat. Durante décadas ha habido decenas de suicidios —al menos 40, según la policía de Victoria— relacionados con aquellos casos. “Este año llevamos cuatro”, insiste esta víctima. Pero Pell aseguró en la comisión de investigación en la que testificó hace un año que se había cometido «errores enormes» y que aquellos asuntos siempre le parecieron cotilleos.

Collins, que conoce a dos de las supuestas víctimas de Pell y da crédito a sus acusaciones —“son gente destruida que se alegra enormemente de esta imputación”— enfurece al recordarlo. “Es completamente imposible que no supiera nada. Además, alguien como él no llega tan arriba sin enterarse de lo que pasa a su alrededor”, denuncia Collins, violado por hasta cuatro personas en aquel periodo. Él y el resto de víctimas consultadas por este periódico, incluidas las dos que formaron parte de la Pontificia Comisión para la Protección de los Menores para aconsejar al Papa sobre la cuestión, creen que no se han hecho avances en estos años. Incluso han visto, señalan, rebajar condenas a abusadores.

“Simpatía por abusadores”

Marie Collins, prestigiosa activista en favor de las víctimas, se marchó dando un portazo y denunciando las “vergonzosas resistencias” que encontró en la Curia para implementar lo que salía de la comisión. Algunas propuestas, como la creación de un tribunal específico para estos delitos, no prosperaron pese al interés del Papa. Y entre otras cosas, señala a este periódico, que “Pell tendría que haber sido relevado antes”.

Peter Saunders, la segunda víctima seleccionada por el Vaticano para integrar este comité fue invitado a tomarse un descanso tras criticar al cardenal Pell y que no hubiera sido destituido. Ahora se pregunta quién pagará su juicio y por qué ese dinero nunca se ha empleado en las víctimas. “La comisión nunca ha tenido recursos. Carece de independencia. Es una iniciativa con buena gente, pero muy leal a la Iglesia. Es eso de ‘no juzguemos a estos pobres curas…’. Yo lo que detecté es mucha simpatía por los abusadores. Y eso no es proteger a los niños. Francisco dice cosas muy esperanzadoras, pero en términos de acción creo que no ha entendido la envergadura de este problema. Si Pell es culpable, tendrá que replantearse muy seriamente lo que está haciendo”, critica por teléfono.

Los resultados son cuestionables. Pero uno de los méritos de Francisco, que se ha reunido a menudo con víctimas, ha sido visibilizar el problema y romper el silencio. A su llegada también dio impulso a medidas ya comenzadas en la era de Benedicto XVI como el avanzado Centro para la Protección de Menores. Una institución dedicada a los programas de prevención y detección de casos. Su presidente, el padre Hans Zollner, defiende los avances, pero reconoce que es complicado cambiar ciertas dinámicas. “Pensamos que debemos entrar en las estructuras educativas para contribuir a un cambio de acercamiento sobre qué es el abuso, cómo reconocerlo, cómo encontrar a las víctimas, cómo crear ambientes seguros”.

Zollner, uno de los mayores expertos que asesora al Vaticano, entiende las quejas de las víctimas y que “parezca poco” lo que se hace. “Pero en muchos lugares se ha hablado por primera vez de este tema. Lamentablemente, no podemos cambiar tan rápido un acercamiento que durante siglos ha sido de autodefensa, negligencia… una institución de 1.300 millones de miembros no se modifica de un día para otro”. Será también difícil hacerlo en un pontificado.